Elecciones y el Estado de Derecho

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Elecciones y el Estado de Derecho

Harold Brethauer M., vicepresidente de SAGO A.G.

El Estado de derecho significa mucho más que la mantención del orden público. Es la idea de que debemos ser gobernados por leyes conocidas, y no por decisiones arbitrarias de las autoridades. Este principio fundamental de la democracia, es justamente el que se ha visto amenazado por los ideólogos de la retroexcavadora, quienes sostienen que todas las reglas de la sociedad pueden y deben ser cambiadas por la simple voluntad de la mayoría a la cual, supuestamente, han sido capaces de interpretar.

Esto nos ha llevado a enfrentar una gran cantidad de reformas en un muy corto espacio de tiempo, donde la improvisación, la desprolijidad y la total ausencia de realismo en su elaboración, han acompañado a un discurso de marcado corte estatista que menosprecia el emprendimiento y la libertad económica. El resultado ha sido la caída de la inversión por tres años consecutivos, algo que no se veía en este país desde el gobierno de la Unidad Popular, y un crecimiento económico mediocre que se encuentra muy por debajo del promedio mundial y de las economías emergentes comparables a Chile.

Nadie discute que la reciente elección municipal fue una gran derrota para la coalición de gobierno, que no sólo perdió un gran número de alcaldes, sino también una proporción muy significativa de su caudal electoral. Resultado que se explica además del mal manejo económico, por escándalos de corrupción y una pésima gestión en diversos servicios dependientes del estado que han quedado de manifiesto tanto a nivel nacional como regional.

Nunca es tarde para enmendar el rumbo y éste es justamente el llamado que hacemos a las autoridades de gobierno y a todas las autoridades municipales recientemente electas. Se hace imperativo garantizar reglas del juego estables y claras, que hagan posible la inversión y el crecimiento. Mejorar la gestión del estado, transparentar el manejo de recursos y la designación de cargos públicos, para que la ciudadanía vuelva a creer que este país está gobernado por leyes que se aplican a todos por igual de forma justa y equitativa. Esa es, al final del día, la diferencia entre los países prósperos y los países fracasados.

La propiedad del agua

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La propiedad del agua

Christian Arntz M., presidente de SAGO A.G.

El pasado 3 de octubre, durante la realización del Encuentro Nacional del Agro, ENAGRO, en el cual lanzamos la próxima versión de SAGOFISUR 2016, uno de los temas que más tiempo ocupo del discurso del presidente de la sociedad Nacional de Agricultura, SNA, Patricio Crespo, fue la reforma al Código de Aguas y la incerteza que esta genera en los agricultores que hoy poseen derechos de este vital elemento para la vida humana y la producción de sus alimentos.

En alocuciones sucesivas, el ministro de Agricultura, Carlos Furche, y el subsecretario de Hacienda, Alejando Micco, trajeron tranquilidad respecto de lo que se puede esperar respecto de la iniciativa patrocinada por el Ejecutivo. Este último, fue enfático en señalar que el objetivo del Proyecto de Ley que modifica el Código de Aguas es facilitar y perfeccionar el buen funcionamiento del mercado del agua y descartó que la iniciativa apunte a realizar expropiaciones.

Aun cuando a nuestro juicio existen ventanas poco claras dentro del proyecto, creemos en la palabra empeñada por el ministro del agro y el subsecretario de Hacienda, sin embargo, en paralelo a las declaradas intenciones del Gobierno en la ENAGRO, tenemos una propuesta de Reforma Constitucional patrocinada por algunos parlamentarios que buscan quitarle la calidad de derecho de propiedad al aprovechamiento de agua, lo que obviamente es contradictorio con lo planteado por las autoridades.

Como Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO AG, valoramos la aclaración del Gobierno respecto al derecho de propiedad, pero creemos que falta un pronunciamiento claro frente al proyecto de reforma Constitucional que va en la dirección contraria a sus palabras. También estamos de acuerdo con que se deben realizar ajustes al Código de Aguas y que estos deben orientarse a dinamizar el mercado del agua, evitando situaciones de especulación, sin descuidar el impulso de nuevas políticas públicas para crear infraestructura que generen un mejor aprovechamiento de las aguas que hoy se pierden en un altísimo porcentaje en el mar, como asimismo, generar nuevos derechos.

Todo esto será un efectivo impulso al sector agrícola, más aún, cuando el propio Gobierno nos dice que estamos llamados a tomar la “posta” del crecimiento económico en el marco de un precio del cobre más bajo, un tipo de cambio alto y financiamiento más barato.

La crisis de la leche

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La crisis de la leche

Harold Brethauer M., vicepresidente de SAGO A.G.
  • Debemos terminar con la permanente descalificación, muchas veces gratuita y sin fundamento, que ha caracterizado nuestra convivencia en las dos últimas dos décadas, sin que esta haya aportado ningún resultado positivo.

El sector lácteo nacional vive una profunda crisis, con un 12% de caída en la producción en los últimos dos años, cierre de numerosas lecherías y la consecuente pérdida de cientos de puestos de trabajo, sin que hasta ahora se vislumbre una salida, lo que hace presumir que lo peor, está todavía por venir.

De esta crisis, y para ser sincero también de las anteriores, se ha culpado al abuso de posición dominante y la falta de transparencia, por parte de la industria en la compra de leche fresca y a la importación de productos con precios distorsionados, pero la verdad es que ésta vez estamos frente a una coyuntura más profunda y compleja que no se va a solucionar con una mejora de los precios internacionales, por la sencilla razón de que hemos perdido competitividad de forma creciente en los últimos años.

Nuestras praderas, fuente principal de ventaja comparativa en el sur de Chile, hoy sólo son capaces de sustentar la producción durante cuatro meses al año, debido a las cada vez más frecuentes y severas sequías estivales. La falta de recursos estatales para riego, los costos de la energía, que se encuentran dentro de los más altos del mundo, la imposibilidad de aprovechar las aguas superficiales y la incerteza jurídica que hoy se levanta sobre los recursos hídricos, hacen inviable la implementación de este recurso, para la gran mayoría, sin elevar de forma significativa sus costos de producción.

El Estado, por su parte, también es parte del problema: la infinidad de normas y exigencias que desconocen la realidad del sector, con el consecuente papeleo y burocracia que las acompañan, fiscalizadas por una cantidad no menor de servicios distintos, ha hecho que el costo y tiempo requerido para poder seguir produciendo leche, sea cada vez mayor e insostenible para las explotaciones de menor tamaño.

Por último, cabe destacar que en un sector como el nuestro, donde las inversiones necesarias para producir y procesar, requieren de un horizonte y una visión de largo plazo, la dependencia mutua entre productores y procesadoras es evidente. Es por esto que se hace absolutamente necesario empezar a mirar al otro como lo que en verdad es, un socio estratégico, sin el cual ninguna de las dos partes puede sobrevivir.

En ese sentido, se hace imperativo que la industria haga parte a los productores en su estrategia de largo plazo y deje de lado su mirada paternalista que se reduce en algunos casos a informar a sus proveedores de los cambios en las pautas de precio decretadas por la gerencia. Así también debemos terminar con la permanente descalificación, muchas veces gratuita y sin fundamento, que ha caracterizado nuestra convivencia en las dos últimas dos décadas, sin que esta haya aportado ningún resultado positivo.