Reforma al Código de Aguas genera desconfianza

Publicado En: diciembre 5, 2016Categorías: Gremiales

Agricultores ven con desconfianza la reforma al Código de Aguas

Rodrigo Alarcón
El Austral de Osorno

El cuerpo legal que data de 1981 está ad portas de ser modificado si prospera la iniciativa que se discute en el Senado. La Sago trabaja en conjunto con la Sociedad Nacional de Agricultura ante lo que -aseguran- amenaza el derecho de propiedad.

Preocupación causa en el gremio agrícola la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma al Código de Aguas, iniciativa que en su aspecto más polémico cambia la consideración de otorgamiento de derechos a perpetuidad por el de concesiones renovables a 30 años.

El proyecto de ley fue propuesto inicialmente por una serie de parlamentarios en 2011 y luego reformulado por el Gobierno de Michelle Bachelet en 2014, iniciativa que viene a tocar un tema sensible para el sector productivo, industrial y agrícola del país: los derechos de agua que aún permanecen como de libre disposición en el territorio nacional.

Según se indica en el proyecto, el reformado Código de Aguas busca «reconocer las diversas funciones que ésta puede cumplir, generar seguridad en el acceso al agua, permitiendo al Estado resguardar que en todas las fuentes naturales exista un caudal suficiente y, vinculado a ello, limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento; y establecer un nuevo tipo de permiso para el uso del agua, denominado concesión, intransferible e intransmisible, que se orienta a las funciones esenciales y prioritarias del recurso».

La semana pasada el proyecto de ley superó su primer trámite constitucional y fue aprobado con 63 votos a favor y 32 en contra en la Cámara de Diputados, después de cinco años de tramitación. Ahora debe pasar al Senado, pero desde la oposición ya anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional si la iniciativa es aprobada en la Cámara Alta.

Agricultores

«Nosotros efectivamente vemos amenazas al derecho de propiedad», comenta el presidente de Sago, Christian Arntz.

«Estamos haciendo un estudio en base a lo que se ha aprobado y lo que es este proyecto para tener una comparativa entre la legislación anterior y la legislación vigente. Vemos cómo el Estado trata de inmiscuirse en la gobernanza de la entrega de las aguas que hoy la hacen los privados: las asociaciones de canalistas y distintas instancias que hacen ese trabajo. Este proyecto elimina esa parte y trata de pasar esa administración al Estado, cuando ha dado muestras muchas veces de no ser el mejor administrador», planteó el dirigente.

Actualmente en Chile la mayor parte de los derechos de aguas están en manos de privados en forma gratuita y a perpetuidad. La gran desconfianza que tienen hoy los agricultores dice relación con que esta iniciativa básicamente cambie las reglas del juego sobre la propiedad que se tiene del agua en aquellos derechos ya otorgados.

El Código de Aguas vigente en el país fue redactado por el régimen militar y aprobado en 1981. Según el texto, el recurso hídrico está considerado un bien social y a la vez como un bien económico, y la utilización de éste se considera un bien inscribible y transable en el mercado a altas sumas de dinero y por un carril distinto al de la tierra.

El código separa la propiedad del agua del dominio de la tierra y le transfiere la prerrogativa al Estado para que sea éste el que transfiera los derechos de aprovechamiento de aguas en forma gratuita y a perpetuidad, dando así origen a lo que en algunos casos se transformó en un lucrativo mercado gracias la especulación de los precios.

El presidente de Sago reconoce esta situación. «Nosotros creemos que todos los cuerpos legales son perfectibles y creemos que éste tiene algunas cosas positivas, pero hay otras que son muy negativas, como limitar el derecho de propiedad. Pero claro, hay temas positivos, como por ejemplo combatir el uso especulativo que se hace de las aguas. En eso estamos de acuerdo. Pero no se centra en cómo generar nuevos derechos y cómo captar el agua que hoy cae por precipitación y termina yéndose al mar sin que se haga ningún aprovechamiento de ella», comentó Christian Arntz.

Por su parte, la seremi de Agricultura, Pamela Bertín, planteó que esta modificación a la normativa nació de las inquietudes de los mismos campesinos que muchas veces viven de la agricultura de subsistencia.

«Yo trabajé en el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Indap) durante mucho tiempo y me consta que esto era algo que se solicitaba por los agricultores. En todas partes se conversaba de este tema y yo creo que fueron esas inquietudes las que el Gobierno recogió y ver cómo podemos reglamentar mejor este tema», detalló la médico veterinaria de profesión.

Tipos de derechos

El Código de Aguas creó dos categorías de derechos de aprovechamiento: consuntivos y no consuntivos. En el caso del primero, el titular del derecho de aprovechamiento no tiene la obligación de devolver al río el volumen de agua que saca del curso. Mientras que en el caso de los no consuntivos, el titular del derecho sí está obligado a devolver el agua al cauce una vez que fue el flujo fue ocupado.

En la actualidad el 90% de los títulos consuntivos están en manos de empresas mineras y de empresas agrícolas exportadoras de alimentos. En cambio casi la totalidad de los no consuntivos pertenecen a empresas de energía eléctrica y muchas veces transnacionales.

Pero junto a eso hay que agregar que un número importante de éstos hoy en día ya están otorgados, pero en la práctica no son utilizados, quitando así la posibilidad de que agricultores que sí necesitan el recurso para sus campos puedan acceder al cauce porque no tienen los derechos, a pesar de que el curso de agua no esté siendo utilizado.

Muchas veces esos titulares del derecho dejan pasar años para que éste suba de precio gracias a obras cercanas, caminos o cambios de uso de los terrenos.

Es la especulación que hoy la ley no sanciona, pero que en el futuro podría ser un problema si se considera que el agua será un bien cada día más escaso para el consumo humano. Y según la seremi del ramo, ese es precisamente el centro del proyecto: cambiar los derechos por concesiones a 30 años y que la prioridad sea el consumo humano.

«Esta reforma sólo limita el derecho de propiedad sobre un bien nacional de uso público como el agua y por lo tanto no tiene ningún carácter expropiatorio» explica la seremi de Agricultura. Pamela Bertín aclara que «esta iniciativa no es retroactiva, por lo que sólo concierne a cerca del 10 por ciento del agua sobre la que no se han otorgado derechos. Es a este segmento al que se entregarán concesiones a 30 años plazo. Por tanto no afecta los intereses de quienes ya tengan derechos sobre el uso del agua, ni su gratuidad, ni su perpetuidad».

«Nosotros queremos mantener los derechos reales que existían y no meras concesiones», responde Christian Arntz. El presidente de Sago agregó que «en el caso de que una persona quisiera hacer un mal uso, ahí es donde habría que fortalecer las entidades de fiscalización, que ya existen. Pero con esta ley de presupuesto a estas mismas entidades se les bajan los recursos para fiscalizar. Entonces ahí hay un contrasentido», concluyó.