Millonarias multas preocupan a productores frutícolas de la zona

Publicado En: febrero 1, 2017Categorías: Gremiales

Millonarias multas preocupan a productores frutícolas de la zona

Rodrigo Gómez. El Austral de Osorno
  • La Sago denunció que tras la entrada en vigencia de la Circular 113, ya no se trabaja con la llamada «fiscalización asistida» que permitía a los empleadores subsanar las falencias detectadas por la Inspección del Trabajo y estableció el alto monto. Desde algunos huertos han recibido sanciones por $14 millones.

Preocupación y molestia reina por estos días entre los productores frutícolas de la provincia de Osorno, quienes han debido enfrentar las elevadas multas cursadas por la Inspección del Trabajo, organismo que ha cursado en total infracciones por más de $30 millones, según denunció la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (Sago), luego de fiscalizaciones que alcanzan a demorar cerca de ocho horas por predio y las que, aseguran, están afectando la continuidad de la actividad productiva dado los altos valores.

Desde el 2005 y hasta el 16 de diciembre pasado se trabajó con una política de «fiscalización preventiva», modalidad que permitía que los empleadores fueran notificados de las falencias detectadas por los fiscalizadores del estamento dependiente del Ministerio del Trabajo.

Bajo ese mecanismo se otorgaba un plazo de entre 10 a 15 días para que los empleadores dieran solución a los problemas detectados.

Hoy, en cambio, se fiscaliza bajo la Circular 113, que entró en vigencia en diciembre pasado y que cambió los parámetros en cuanto a tiempos y pago de las multas. Inclusive, hay productores preocupados por la continuidad en el negocio que ofrecen las nuevas condiciones.

En el huerto

Austral Berries cuenta con 35 hectáreas (ha) destinadas a la producción de arándanos en la comuna de San Pablo y su encargada de exportaciones, Sofía Rodillo, aseguró que han sido infraccionados por temas de fácil solución, pero que no les permitieron contar con algunos días de plazo para subsanar el problema detectado por la Inspección del Trabajo.

«Sacaron una multa porque una persona hizo una hora extra y no estaba firmada en el contrato y otra porque había una persona que no había firmado el ‘derecho a saber’. A mí juicio, eran puras cuestiones estúpidas», afirmó con molestia Rodillo, sobre el detalle de las infracciones que le fueron cursadas hace dos semanas por los fiscalizadores.

Asimismo, la responsable de las exportaciones de la empresa aseguró que «nosotros hicimos la suma y el total de las multas llegaba como a los $14 millones que, principalmente, son temas de papeleo, porque sería distinto si no tuviésemos baños, jabón, bloqueador solar o que no pagáramos los sueldos a la gente».

Para la afectada, la medida buscaría un aprovechamiento por parte del gobierno, «pero los empresarios tampoco tenemos plata (…) el negocio está complicado porque los precios internacionales están bajísimos y el salario mínimo también subió. El negocio no da y la inspección está rebuscando por dónde sacarle plata a las empresas».

En tanto Roberto Giddings posee un huerto de 30 ha en Purranque, más un packing, donde en la temporada alta alcanzan a trabajar más de 150 personas.

«Efectivamente se detectaron falencias, errores u omisiones involuntarias que son reales, pero muchas de ellas fueron forzadas con un afán que realmente nos preocupa», precisó Giddings, sobre la fiscalización que le cursó «multas millonarias» que no quiso detallar.

El administrador del huerto resaltó que de no cambiar la situación, los procesos llegarían hasta los tribunales de Justicia.

En esa línea, el productor recordó que el mecanismo anterior era un sistema de colaboración entre la empresa, los trabajadores y el Estado; «contribuíamos a hacer de este un sector proveedor de trabajo cada vez más digno para el desarrollo de nuestro país», explicó.

Alerta

Si bien no ha sido infraccionado, Mauricio Momberg solidarizó con los otros productores que han sido sancionados.

«Llevo 30 años en este rubro y lo que se siente por las fiscalizaciones es que se volvió una película de terror. Acá hubo un cambio por una circular para hacernos pedazos», manifestó el productor.

En tanto el gerente general de la Sago, José Antonio Alcázar, aseguró que «cuestión política o cuestión técnicas, lo cierto es que la nueva forma de fiscalizar no es más que el resultado del permanente menosprecio que la autoridad tiene hacia quienes emprenden y dan trabajo de calidad a miles de personas en nuestra Región, que normalmente no se desempeñan en otras actividades productivas».

Según la entidad, las actividades ligadas a las empresas sancionadas, proporcionan de manera directa e indirecta más de 15 mil empleos en la zona.

Alcázar agregó que «la voz de alerta ya está dada por parte de Sago y ojalá sea atendida, de manera que la próxima semana no sumemos otros $50 millones en multas desproporcionadas».

Fiscalización

El titular regional de la Dirección del Trabajo, Guillermo Oliveros, desestimó las críticas por aplicar la Circular 113, que entró en vigencia el 16 de diciembre pasado.

Según explicó, el programa de fiscalización se endureció debido a que la «fiscalización asistida» no dio los resultados esperados.

«Este es un documento remitido desde la dirección nacional y se tomó la decisión de modificar el sistema de fiscalización, de asistido a detección de infracción inmediata», precisó Oliveros.

Asimismo, el responsable del organismo a nivel regional explicó que uno de los argumentos que se utilizó fue que «ya que los resultados a nivel nacional y loca que se esperaba de una modificación de la conducta por parte de los empleadores , no ha sido tal; es decir, la fiscalización asistida no otorga los resultados esperados».

La autoridad regional, en tanto, detalló que del programa de fiscalización de temporada se han desarrollado 21 procedimientos de supervisión ejecutados: «y a la fecha existe una infracción a una empresa y esta multa es porque no se contaban con los servicios higiénicos provistos de agua, papel y jabón para los trabajadores».

Agregó que al momento de la fiscalización estaba presente un vehículo que se utiliza dentro de la faena de trabajo, que no contaba con las señaléticas lumínicas y sonoras necesarias.

Además había contratados menores de edad sin la autorización del representante legal, como también adolescentes que no firmaron su «derecho a saber».

Sobre la identidad de la empresa, Oliveros aseguró que «notificamos, pero creemos que el empleador tiene derechos, así que no es correcto decirlo». El monto acumulado sería entre 20 y 40 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), que hasta ayer se cotizaba en $46.229.

Previo al receso legislativo que comienza hoy, el diputado Javier Hernández (UDI) ingresó un oficio dirigido a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Krauss.

En el texto el legislador precisa: «En dicha circular se aprecia un cambio fundamental en un aspecto tan importante como es el momento en la aplicación y pago de multas, tema que ante todo requiere que la autoridad fiscalizadora dentro del marco legal debe actuar con un buen criterio para que finalmente no signifique afectar negativamente la actividad».

«Me permití enviarle este oficio a la ministra del Trabajo, para que pudiese considerar este elemento de la fiscalización asistida que funcionó durante una década», aseguró Hernández.

Sobre las impresiones que le han compartido los productores de la zona, afirmó que existe asombro y perplejidad, dado las elevadas sanciones a las que están siendo sometidos.

«Grave sería transgredir un contrato de trabajo que todos estamos de acuerdo en aplicar el máximo rigor (…) Yo le pedí una audiencia a la ministra y no sabemos si accederá durante estos días, porque quizá tiene un criterio diferente, el cual también me gustaría conocer, pero por la temporada estival quizás se posponga hasta marzo», detalló el diputado.

«Efectivamente se detectaron falencias, errores u omisiones involuntarias que son reales, pero muchas de ellas fueron forzadas».

Roberto Giddings, productor multado»

«Los resultados a nivel nacional y local, que se esperaba de una modificación de la conducta por parte de los empleadores, no ha sido tal»

Guillermo Oliveros, Dirección del Trabajo»

$14 millonesSe le multó a Austral Berries tras una fiscalización hace cerca de dos semanas, que según la empresa sería netamente por temas administrativos.

15 mil empleosSon generados de manera indirecta y directa, por parte de las empresas del área frutícola en la provincia, las que han sido multadas tras la aplicación de la nueva Circular 113.

21 fiscalizacionesConfirmó el director regional de la Dirección del Trabajo, las que se han realizado en la zona, de las cuales en una sola oportunidad generó una infracción.

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