Reforma Agraria: nada que celebrar

• Ya hacia fines de los 50, el modelo colectivista de producción agrícola impulsado por la Unidad Popular había sido puesto en tela de juicio por la propia Unión Soviética.
  

Iniciada en 1962 con un espíritu acotado -tal como en 1993 comenzó el proceso de compra de tierras por parte de la Conadi-, la Reforma Agraria culminó a fines de 1973 con un balance lapidario: 5.800 predios expropiados que sumaban en conjunto 10 millones de hectáreas, es decir, casi la totalidad de los terrenos con aptitud agrícola de Chile, a un costo para el Estado de 40 mil millones de dólares, cifra a la cual se debe agregar el descomunal costo patrimonial soportado por los agricultores despojados, estimado en otros 60 mil millones de dólares. Un altísimo número de quienes dejaron de ser dueños de sus terrenos debido a la satanización de la propiedad privada propia de aquella época, jamás recibieron compensación alguna, mientras que aquellos que tuvieron «más suerte», obtuvieron una ínfima parte del valor real.

De las 10 millones de hectáreas que contempló la Reforma Agraria, 5.477.514 fueron expropiadas en el periodo de la Unidad Popular -1970 a 1973-, tiempo en el cual la producción agrícola agregada del país cayó un 6,5%, contagiando al área industrial y contribuyendo decisivamente a paralizar la economía. Este punto que vale la pena poner en contexto, cada vez que se intenta achacar ese nefasto resultado a todos aquellos que fueron despojados de la tierra que trabajaron toda una vida.

Ya hacia fines de los 50, el modelo colectivista de producción agrícola impulsado por la Unidad Popular había sido puesto en tela de juicio por la propia Unión Soviética, órbita a la que pertenecía el país durante aquellos años de plena Guerra Fría, porque su negativo impacto en los índices de productividad y nulo aporte para mejorar la calidad de vida de las personas estaban totalmente probados, no obstante, la ideología se impuso en nuestro país y esta pésima reforma se implementó a rajatabla.

Cuesta entender que el Gobierno, desde su Ministerio de Agricultura, sostenga con recursos públicos una campaña para reescribir el legado de la Reforma Agraria y que ésta termine permeando, incluso, a universidades estatales, más todavía considerando que la retórica llena de odio y división de este proceso gatilló enfrentamientos y muertes que constituyen uno de los pilares de la paralización de la productividad en el campo y el país, pero por sobre todo se alzan como la cuna de la violencia que derivó en el derrumbe de la convivencia cívica en 1973.

La Reforma Agraria fue un fracaso para Chile, incluso en el propósito que hoy se pretende rescatar, ya que tampoco otorgó igualdad de oportunidades a un grupo social más desprotegido, porque los nuevos propietarios, agrupados de manera comunitaria, no pudieron trabajar la tierra de manera eficaz para poder vivir con mayor dignidad, tal como ya lo habían vivenciado los soviéticos.

Con el correr de los años, muchos de los expropiados volvieron a comprar sus mismos predios, recuperándolos para la agricultura nacional.

¿Qué se puede celebrar de un proceso así? Nada más que el triunfo de una ideología que no está sujeta a resultados medibles y lamentamos que para ello se utilicen las plataformas de comunicación de un ministerio técnico con esa finalidad, por ya más de un año.